💼😡 Negocios, compadrazgos y omisiones: la traición al pueblo disfrazada de justicia 😡💼 En Morelos hubo un tiempo en que la justicia tenía precio . Durante años, la Fiscalía Anticorrupción no combatió el delito: lo administró . Las carpetas de investigación se convirtieron en fichas de negociación política , los funcionarios se blindaron unos a otros y los ciudadanos quedaron fuera del mapa. Las promesas de transparencia y rendición de cuentas fueron palabras vacías frente al poder del dinero y las alianzas. Esa etapa marcó uno de los periodos más turbios de la historia judicial del estado. No hubo voluntad de investigar , porque investigar significaba tocar intereses de quienes estaban arriba. Los casos más sensibles fueron silenciados mediante acuerdos oscuros entre actores políticos y operadores del sistema. Lo que debía ser un instrumento ciudadano terminó siendo una extensión del poder ejecutivo de antaño . Hoy, con una nueva estructu...
🛡️ Auditorías, destituciones y juicios: la Fiscalía anticorrupción en proceso de limpieza
De acuerdo con informes y quejas internas, la administración anterior a cargo del Fiscal Anticorrupción Juan Salazar dejó un rezago aproximado de 1,200 carpetas de investigación, situación que compromete el derecho a la procuración pronta de justicia. Desde su llegada, el doctor Leonel Díaz impulsó una revisión administrativa y operativa que incluye una auditoría de dos años dirigida a esclarecer responsabilidades de sus antecesores.
Dicha gestión ha derivado en la remoción de servidores públicos señalados por diversas denuncias —entre ellos, Edgar Urquiza y Zeus Gutiérrez— y en la apertura de procesos judiciales: en menos de cuatro meses, más de 42 personas han sido llevadas a juicio por actos relacionados con corrupción y abuso. Paralelamente, la Fiscalía impulsó mecanismos de atención ciudadana, con un módulo de atención temprana que facilita la presentación de denuncias y el acceso a servicios que anteriormente eran inaccesibles.
Las acciones del actual fiscal muestran un giro hacia la transparencia y la fiscalización; sin embargo, corresponderá al trabajo de la ciudadanía y del Poder Judicial validar la eficacia y legalidad de cada procedimiento. Invitamos a las víctimas y testigos a presentar pruebas y colaborar para que los procesos sigan su curso.
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